– Sí, hola, muy buenas, yo soy XXXX, oncólogo del servicio. Sí… dame nombre y apellidos a ver si está ya.
– Sí, mira XXX XXX.
– A ver… Pues mira, ya está, sí… ha colgado justamente la anatomopatóloga el informe esta mañana.
– Es un carcinoma ductal infiltrante. Joder… y tiene 40 años, qué joven. Veo aquí que tiene cita con nosotros pasado mañana. Si quieres que se lo digamos nosotros si te resulta difícil a ti no te preocupes, le dices que todavía no está y que venga a la consulta, que estamos más acostumbrados a dar estas noticias y no te comes tú todo el marrón. O no sé si prefieres hacerlo tú… ¿conoces bien a la paciente?
– Sí. La paciente soy yo.


Además de eso Pepe Martínez fue Secretario General de Sanidad (es decir, número dos del Ministerio de Sanidad) en los gobiernos de Zapatero.
Minuto 2:02
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Hola, buenos días – me dijo-. ¿No está Fran?
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No – contesté-, está de vacaciones. Estoy yo sustituyéndole. ¿Querías algo?
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Bueno, es que venía a hacerle una visita médica.
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Vale, bueno, pues si quieres te veo yo, que no viene hasta dentro de dos semanas.
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Bueno – me dijo-, no sé si me he explicado, que vengo de un laboratorio.

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España tiene un bajo gasto social respecto a los demás países de la UE. Los servicios públicos del Estado del Bienestar están muy poco desarrollados. Eso contraviene la idea liberal de que el Estado del Bienestar en España está hipertrofiado.
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El Tratado de Lisboa, marco normativo de la Unión Europea, establece una “economía social de mercado” poniendo de manifiesto su tendencia neoliberal. En el texto del Tratado no aparece (cuidadosa e intencionadamente) la expresión “Servicios Públicos”, debido a que ésta hace énfasis en la titularidad y gestión públicas, siendo sustituida por “Servicios de Interés General”.Hacer referencia a “Servicios Públicos” evocaría la participación del Estado en su gestión. Afirma la Comisión Europea: “los objetivos de un mercado interior abierto y competitivo y el desarrollo de servicios de interés general son compatibles”.Dice la Constitución Europea (que muchos gilipollas como yo votamos a favor sin haberla leído): “las empresas que ofrecen servicios de interés general están supeditadas a las reglas de la competencia. Como consecuencia el proveedor público tiene los mismos derechos de establecimiento y de acceso a subvenciones (públicas) que el privado, ya que nadie puede tener una posición dominante en el mercado”.
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La liberalización o privatización de los Servicios Públicos (informe PIQUE) “no ha supuesto estructuras de mercado más competitivas, se han creado nuevos monopolios privados que no prestan servicios con cobertura universal; además de que la competencia se establece sobre reducción de costes laborales y no sobre una mejor calidad, con efectos negativos sobre el empleo” ¿os suena?
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“Para ahorrar costes las empresas privatizadas reducen sus plantillas en los segmentos de la provisión de servicio donde se requiere una mayor intensidad de los trabajadores; es más fácil mejorar la “productividad” recortando los costes laborales que mejorando la calidad de los servicios”.
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En los procesos privatizadores estudiados por PIQUE:
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Se transforman monopolios públicos en privados, disminuyendo el número de operadores. Este hecho ya va en contra de las razones esgrimidas para privatizar: favorecer la competencia y abaratar los servicios.
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Sustitución de trabajos fijos por temporales (¿os suena?) y utilización de manera masiva la subcontratación.
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Reducción del poder de negociación de los sindicatos. (¿os suenan las campañas de desprestigio a los sindicatos?
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No se garantiza el acceso universal. (¿os suena?)
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Empeoramiento de la calidad de los servicios
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El Estado no ahorra costes ya que 1) tiene que pagar más para las medidas de regulación de empleo (al menos los que tienen una red social contra el desempleo) 2) paga más para la modernización de las infraestructuras que sirven para que las empresas a privatizar sean más atractivas y 3) en caso de quiebra tiene que recuperar el servicio a su coste (¿os suena?).
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Crece la influencia del sector privado sobre las administraciones locales.
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Disminuye el nivel de productividad y de I +D después de la privatización. (¿cuánto dedica Capio a investigación?)
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Usuarios insatisfechos.
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Los servicios gestionados por las administraciones locales pasan a ser controladas por empresas transnacionales, que no conocen las necesidades de las comunidades a las que en teoría sirven (¿os suena HIMA San Pablo?).
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Una de los instrumentos con los que la Comunidad Europea contribuye más firmemente a la privatización de los servicios públicos es con el PPP: Private Public PartnerShip (modelo de gestión del Hospital de Torrejón, Móstoles y los 6 nuevos: lo privado se ocupa de todo, el personal de los hospitales incluido, que ya no contratan sus servicios con la Administración, sino con la empresa en cuestión). Los estudios muestran estas conclusiones sobre las PPP:
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Coste de capital más alto, ya que el sector privado paga intereses más altos que el Gobierno.
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Coste de construcción de las infraestructuras más alto (24% carreteras en Francia, 13% hospitales en Inglaterra).
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Mayor gasto en burocracia y administración.
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Las empresas mienten sobre el coste de las inversiones y la demanda de los servicios. Al final quienes pagan el sobrecoste son los ciudadanos. El agua distribuida en Francia por el PPP es 16.6% más cara que la distribuida por el sector público.
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Cada vez que la ciudadanía ha podido votar concretamente sobre la gestión pública o privada de un servicio ha ganado la opción pública.
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Las concesiones conllevaban el pago de un canon millonario que no revertía en el servicio de aguas, pero cuya amortización se incluía en el precio de la tarifa del agua a pagar por los ciudadanos.
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Las consecuencias de las privatizaciones, analizadas por el Observatorio de la Complutense fueron:
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subida desproporcionada de tarifas
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incumplimiento de las cláusulas de los contratos
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falta de transparencia en sus actividades, especialmente económicas, amparándose en el derecho a la privacidad empresarial
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disminución de sus obligaciones ambientales
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pérdida de control de estas empresas por parte de la autoridad municipal
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un beneficio aparte de las ganancias económicas de estas empresas, son las “actividades extracontractuales”, que consisten en la adjudicación de obras, equipamientos o servicios a empresas del mismo grupo empresarial a precios de conveniencia (¿os suena la concesión del cribado de cáncer de mama con mamografía a Capio por un precio desorbitado que levantó ampollas en la Junta Directiva de la Asociación Española Contra el Cáncer?
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Detrás de cada privatización de un servicio de agua y saneamiento hay una operación de financiación municipal en la que estamos vendiendo los muebles, pero la hipoteca es para la generación que viene. En España se privatiza el agua no para mejorar los sistemas sino para obtener dinero para pagar nóminas o hacer rotondas.
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Si la legislación prohibiera, como en la mayoría de los países europeos, que los cánones concesionales se utilicen para fines distintos de la mejora de las infraestructuras hidráulicas los procesos de privatización serían algo muy residual.
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Cataluña está al frente de los procesos privatizadores del agua en España: el 80% de los catalanes reciben agua potable de operadores privados.
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Hay que leer y conocer bien el caso del Canal de Isabel II de Madrid. Es la única entidad pública española que gestiona el ciclo del agua en su totalidad, que abastece a 6 millones de habitantes y explota unas infraestructuras gigantescas. Está considerada una de las mejores empresas del mundo por la calidad del servicio prestado, por su eficiencia y por la gestión medioambiental. Gestionando la demanda y la pérdida en las redes ha conseguido un ahorro del 13% de agua en los últimos 5 años. Es una empresa saneada con unos ingresos de 750 millones de euros, inversiones de 350 millones de euros y beneficios de 150 millones de euros. (¿os suenan estos datos? A mí me suenan los repetidos datos que hemos estado escuchando todo este tiempo sobre nuestra sanidad española -poco dinero invertido pero muy buenos resultados, uno de los mejores sistemas de salud etc- a pesar de los datos económicos de la sanidad madrileña acerca de la raquítica financiación por obra y gracia del Gobierno de Ignacio González y de la Consejería).En 2008 se aprueba una ley que abre la puerta a la privatización del Canal. La respuesta oficial es que “es necesario captar recursos del sector privado para financiar nuevas infraestructuras que garanticen en el futuro el suministro de agua a los madrileños y para permitir la aplicación de las directivas europeas medioambientales”. (¿os suena?)No existen estudios ni de las demandas futuras, ni de las infraestructuras necesarias, ni de sus costes ni de las diversas formas de financiación posibles, que hubieran posibilitado un debate de alternativas a la privatización (¿os suena?).La dificultad de esta privatización estriba en que la gestión del agua depende de las infraestructuras de los ayuntamientos. La reacción del Gobierno ha sido desproporcionada, amenazando a los ayuntamientos que no quieren firmar con romper los convenios vigentes, devolverles la gestión de la red y exigirles el pago de inmediato de las cantidades adeudadas por las inversiones realizadas por el Canal. Ante esa situación, 8 ayuntamientos que representan a 750.000 habitantes han presentado una ILP para exigir la derogación de la Ley que posibilita la privatización del Canal.
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En Madrid el 82% de los inmigrantes acuden a la escuela pública.
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En la escuela no universitaria de régimen general, los centros privados ya son el 49,3% en la Comunidad de Madrid y el 63% en la capital (municipio de Madrid). De los 1212 colegios que se han creado en los últimos 12 años (Aguirrato) 842 fueron privados, 370 públicos.En la Escuela Infantil se han construido 430 centros públicos frente a 972 privados.
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Primero se cede suelo público a la “iniciativa social” para la construcción de centros concertados y privados, y sólo después, si aún no se ha cubierto la demanda, se levanta el colegio público para acoger a los sectores marginales que rechazan los privados.
